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*El titular del Instituto de Justica Alternativa de Jalisco aboga por la justicia preventiva para frenar la impunidad
Oscar García
Oaxaca de Juárez, Oax. – Los conflictos cotidianos entre vecinos por un cajón de estacionamiento o el ruido no son meras molestias pasajeras: sin una intervención oportuna, se convierten en la antesala de hechos violentos. Así lo advirtió Guillermo Zepeda Lecuona, director general del Instituto de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco (IJA), al señalar que la justicia comunitaria y la terapéutica son piezas clave para desmantelar la impunidad desde la raíz.
En entrevista previa a su participación en el Encuentro Nacional de Buenas Prácticas en Gobernabilidad y Cultura de Paz, celebrado este jueves en esta capital, el especialista reveló un dato alarmante: el 84% de las víctimas de homicidio enfrentó un problema de justicia cívica dentro de su comunidad durante el año previo a su muerte.
Para Zepeda Lecuona, esta cifra demuestra que las instituciones no deben esperar a que el delito se consuma para intervenir.
“Es un kilo de prevención por una tonelada de castigo”, enfatizó para resumir la urgencia de reorientar el gasto público hacia la atención temprana de los conflictos.
El modelo preventivo no solo frena la escalada de violencia, sino que resulta significativamente más eficiente en el uso de los recursos públicos, añadió, al tiempo que ejemplificó que un juicio por la vía penal o civil cuesta alrededor de 28 mil pesos por proceso, mientras que la mediación pública solo dos mil pesos por expediente; en tanto que la atención especializada (rehabilitación) tiene un costo aproximado de 700 pesos según la intervención.
El titular del IJA en Jalisco destacó las ventajas de la justicia terapéutica, concebida para atender factores de riesgo de fondo como las adicciones o el desempleo: ” En lugar de mantener en los separos o multar a quien carece de recursos económicos, el esquema propone canalizar a la persona a programas de rehabilitación o vincularla a bolsas de trabajo”, expuso.
Zepeda Lecuona concluyó que reducir la impunidad requiere trascender el enfoque punitivo tradicional y dotar a las comunidades e instituciones de mecanismos alternativos enfocados en la reparación del daño, la prevención y la reintegración social.
