San Raymundo Jalpan, Oax., 17 de septiembre de 2026. En un paquete de reformas e iniciativas presentadas ante el Congreso del Estado, la LXVI Legislatura impulsó ajustes clave orientados a la modernización de la administración pública, el fortalecimiento de la prevención de desastres, la regulación de servicios vehiculares y el resguardo de la economía familiar.
En materia de administración pública, la presidenta de la Jucopo, Tania Caballero Navarro, presentó una iniciativa para reformar la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado. La propuesta plantea optimizar el gasto público mediante la fusión de la Secretaría de Trabajo con la de Desarrollo Económico para crear la Secretaría de Desarrollo Económico y Trabajo. Asimismo, propone transformar la SIPCIA en la Secretaría de Pueblos Originarios, Afromexicano, Lenguas e Interculturalidad, absorbiendo las funciones del ILEO para consolidar una política lingüística transversal. Entre otros ajustes, la iniciativa delimita las competencias entre la Administración Pública Centralizada y Paraestatal, transfiere a la Consejería Jurídica atribuciones de refrendo de actos del Gobernador y reconoce la fe pública como una potestad originaria del Ejecutivo. La propuesta fue turnada a la Comisión Permanente de la Administración Pública para su dictaminación.
En el ámbito de la gestión de riesgos, el Pleno aprobó una reforma a la Ley de Protección Civil estatal —a propuesta del diputado Isaac López López— que obliga a la Coordinación Estatal de Protección Civil a diseñar capacitaciones inclusivas y culturalmente adaptadas para grupos vulnerables. La modificación al marco legal establece además lineamientos estrictos para que los procesos de reubicación comunitaria por desastre sean dignos, informados y participativos, garantizando la consulta previa, el consentimiento e indemnización cuando se trate de pueblos indígenas o afromexicanos.
Por otra parte, el Poder Legislativo aprobó reformas a la Ley de Encierros y Depósitos de Vehículos, derivadas de una propuesta del diputado Israel López Sánchez. La adecuación ajusta a 1,000 metros cuadrados la superficie mínima requerida para otorgar concesiones de corralones, adaptándose a la disponibilidad de suelo en las regiones. Asimismo, clarifica la diferencia normativa entre Derechos (contribuciones fiscales) y Tarifa (contraprestación del servicio regulada anualmente por la SSPC), impidiendo cobros indebidos a los usuarios.
Finalmente, a través de un dictamen promovido por el diputado Javier Casique Zárate, la Legislatura aprobó un exhorto dirigido a la Delegación de la Profeco en Oaxaca para intensificar los operativos de vigilancia y verificación de precios en útiles, uniformes, calzado y mochilas en las ocho regiones del estado. La medida busca prevenir abusos comerciales y proteger la economía de los hogares oaxaqueños durante la actual temporada de regreso a clases, priorizando los municipios de alta y muy alta marginación.
