Óscar García
Una reunión de trabajo terminó en una situación de tensión luego de que el presidente municipal constitucional, Rigoberto Primitivo Ramírez López, y otras cinco personas fueran presuntamente privadas de su libertad durante la tarde de ayer en la zona de El Portillo.
Entre las personas retenidas se encuentra el reportero Graciano Gómez Lescas, de TV Bus, quien acompañaba al presidente municipal para realizar la cobertura informativa de la actividad.
De acuerdo con información preliminar, el edil acudió a la zona acompañado por integrantes de su equipo y representantes comunitarios. Durante el encuentro, un grupo de personas habría impedido que los asistentes abandonaran el lugar.
Además del presidente municipal, se reportó la retención de Juan Hernández, suplente del presidente municipal; Juan Domingo Pascual Velásquez, secretario del Ayuntamiento; Cirilo Eduardo Hernández, representante del barrio El Portillo, y Irma Martínez, esposa del representante comunitario.
Los reportes señalan al presidente comunitario indígena de la cabecera municipal, Efraín Ramírez Hernández, así como a Efraín Martínez, como personas que presuntamente habrían encabezado el grupo involucrado en la retención.
Estos señalamientos son preliminares y deberán ser investigados y esclarecidos por las autoridades correspondientes.
La presencia del comunicador entre las personas retenidas ha generado preocupación, debido a que se encontraba en el sitio realizando su labor periodística.
Familiares y personas cercanas a los afectados solicitaron la intervención del Gobierno del Estado de Oaxaca para establecer comunicación con las partes involucradas y garantizar la integridad de las seis personas.
Hasta la mañana de este jueves no se contaba con información oficial que confirmara la liberación de los retenidos, ni se habían precisado públicamente las demandas del grupo que presuntamente mantiene la retención.
Habitantes de San Sebastián Río Hondo permanecen atentos a la evolución del conflicto, mientras familiares esperan información sobre las condiciones en las que se encuentran sus seres queridos.
Las autoridades deberán determinar si existe una denuncia formal y las acciones que correspondan para atender el caso, privilegiando el diálogo y evitando que la situación escale
