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Jaqueline Robles,/ Pedro Parola
OAXACA, OAX.— El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, cerró filas con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, al respaldar la estrategia legal y diplomática que el Gobierno Federal emprenderá ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos y la FiscalÃa General de la República por los recurrentes abusos y homicidios cometidos por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).
Durante su conferencia de prensa matutina, el mandatario estatal enfatizó la condición de Oaxaca como un estado tanto expulsor como de tránsito migratorio, donde prácticamente en cada comunidad existe una familia con seres queridos en el extranjero. Ante este panorama, Jara Cruz fue tajante al señalar que su administración no será omisa ante esta situación.
El pronunciamiento del Ejecutivo oaxaqueño se fundamenta en un panorama crÃtico de agresiones institucionales en territorio estadounidense. El gobierno mexicano tiene contabilizado un saldo de 17 ciudadanos de nacionalidad mexicana que han perdido la vida en eventos directamente relacionados con las fuerzas de seguridad migratoria de EE. UU.
De esta cifra global de vÃctimas, 14 personas fallecieron mientras se encontraban recluidas en centros de detención y 3 más perdieron la vida durante operativos de arresto en campo.
El caso más reciente y detonante de esta escalada diplomática ocurrió en Texas, donde el ciudadano mexicano Lorenzo Salgado Araujo perdió la vida tras recibir disparos por parte de un grupo operativo de ICE.
Hasta el momento, el Estado mexicano ha remitido un total de 11 notas diplomáticas de protesta y ha solicitado formalmente la intervención del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Sin embargo, bajo la nueva instrucción de la presidenta Sheinbaum Pardo, la SecretarÃa de Relaciones Exteriores elevará las acciones a una vÃa punitiva.
La estrategia contempla denuncias penales formales ante las autoridades judiciales estadounidenses y acciones civiles dirigidas especÃficamente contra las corporaciones corporativas privadas que operan los centros de detención en EE. UU.
El respaldo de Oaxaca a esta iniciativa federal responde a una problemática histórica que afecta de manera diferenciada a la entidad. Los migrantes procedentes de comunidades indÃgenas oaxaqueñas (como mixtecos, zapotecos y triquis) enfrentan de forma sistemática abusos agravados por la falta de traductores en los procesos de retención de ICE.
DefensorÃas binacionales han denunciado que los agentes suelen forzar a los connacionales a firmar órdenes de deportación acelerada o salidas voluntarias en inglés o español, idiomas que no dominan, vulnerando sus derechos humanos básicos y su derecho al debido proceso.
“Quiero que las familias oaxaqueñas sepan algo: el Gobierno de México está obligado a dar atención consular a todas y todos, y el gobierno de Oaxaca los acompañará; no los vamos a abandonar”, concluyó el gobernador, quien apeló a una defensa con dignidad pero sin confrontación a través de los cauces legales.
