Jaqueline Robles
Con una enérgica advertencia contra el avance de la delincuencia y el surgimiento de poderes de facto, el fiscal general del Estado, Bernardo Rodríguez Alamilla, afirmó que el Gobierno de Oaxaca no tolerará que grupos criminales ni organizaciones gremiales mantengan el control del territorio, la economía o la tranquilidad de las familias oaxaqueñas.
Durante la conferencia de prensa del gobernador Salomón Jara Cruz -donde se confirmó la desarticulación de la Alianza de Sindicatos y Asociaciones del Estado de Oaxaca (ASAEO), sindicato que mutó en fachada corporativa del Cártel de la Costa-, el titular de la FGEO enfatizó que el combate al crimen no se limita a realizar detenciones, sino a impedir categóricamente que la delincuencia construya poder territorial, económico y social.
El contundente aviso institucional
Rodríguez Alamilla lanzó un llamado directo a no normalizar la violencia ni permitir que transgresiones menores se conviertan en reglas de facto que anulen el Estado de Derecho:
“Cada espacio que el Estado abandona, tarde o temprano, alguien más intenta ocuparlo. Y cuando ese espacio es ocupado por grupos sindicales, de facto o delincuenciales, lo que está en riesgo no es solo la autoridad de una institución, es la gobernabilidad y la seguridad de las personas… No debemos acostumbrarnos a que alguien cobre por permitir trabajar. No debemos aceptar que una organización decida quién entra o sale de un territorio. No debemos permitir que las amenazas sustituyan a las instituciones”, sentenció.
Golpe a la red delictiva en Valles Centrales y la Costa
La postura de la Fiscalía se dio a la par de dar a conocer los resultados de un operativo conjunto con la Secretaría de Marina (SEMAR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) federal, el cual permitió capturar a los líderes de la ASAEO y desmantelar su estructura financiera tras múltiples cateos simultáneos.
Esta red criminal mantenía presencia en al menos 90 municipios de los Valles Centrales mediante un catálogo delictivo de alto impacto:
- Extorsión y cobro de piso: Imposición de cuotas mensuales obligatorias al comercio formal e informal.
- Control del transporte: Coacción violenta a choferes de taxis, pipas, mototaxis y volteos.
- Violencia y despojo: Operación de células armadas dedicadas al narcomenudeo, despojo de inmuebles y ejecuciones selectivas (sicariato) de líderes corporativos.
Límites claros frente a la impunidad
El fiscal deslindó el derecho a la libre manifestación social del accionar de grupos que violentan la ley, reiterando que la autoridad mantendrá la firmeza en los operativos en los Valles Centrales y la Costa para erradicar el cobro de cuotas y garantizar que las instituciones públicas prevalezcan sobre cualquier amenaza delictiva.
