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Comerciantes rechazan regularización de mercados en Oaxac
Oscar García
Comerciantes de los mercados públicos 20 de Noviembre y Benito Juárez, ubicados en Oaxaca de Juárez, manifestaron su rechazo a participar, por ahora, en el Programa Municipal de Regularización y Actualización de Derechos y Expedientes Administrativos, al considerar que no existen garantías suficientes para proteger sus derechos sobre los espacios que ocupan.
Mediante un pronunciamiento colectivo, los locatarios señalaron que el programa fue aprobado por el Cabildo municipal el 17 de septiembre de 2026, pero, según su versión, se dio a conocer públicamente hasta el 13 de octubre, situación que cuestionaron por la falta de información oportuna sobre el procedimiento.
Los comerciantes sostuvieron que no se incorporarán al esquema en sus términos actuales hasta que las autoridades aclaren sus alcances jurídicos y establezcan medidas expresas, verificables y suficientes para evitar posibles afectaciones a quienes desarrollan sus actividades económicas en ambos centros de abasto.
Uno de los principales puntos de inconformidad es la incertidumbre sobre el tratamiento que recibirán las concesiones otorgadas previamente por el Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez.
Los locatarios advirtieron que la actualización de expedientes no debe convertirse en un mecanismo para poner en duda, condicionar o desconocer derechos adquiridos a lo largo de los años.
En ese sentido, demandaron que la administración municipal garantice por escrito que participar o abstenerse de hacerlo no será motivo automático para cancelar, revocar, limitar o desconocer una concesión.
También exigieron que cualquier determinación que pudiera afectar a una persona comerciante se realice mediante el procedimiento legal correspondiente, con fundamentos jurídicos, justificación expresa y respeto al derecho de audiencia.
Los firmantes consideraron necesario que cada situación sea revisada de manera individual, tomando en cuenta los antecedentes administrativos y las condiciones jurídicas particulares de cada locatario, en lugar de aplicar medidas que puedan generar incertidumbre sobre la permanencia de sus negocios.
La postura de los comerciantes coloca en el centro de la discusión la necesidad de conciliar los procesos de actualización administrativa del gobierno municipal con la protección de los derechos de quienes mantienen actividades económicas en los mercados tradicionales de la capital oaxaqueña.
Por el momento, los locatarios condicionan cualquier participación a que se esclarezcan las reglas del programa y se establezcan garantías que impidan afectaciones a sus concesiones.
El pronunciamiento no plantea un rechazo definitivo a toda revisión administrativa, sino una negativa a incorporarse al esquema mientras persistan las dudas sobre sus consecuencias legales y la protección de sus derechos.
