En Guadalajara, ciudadanos salieron pacíficamente a las calles para exigir lo más básico: agua limpia para sus familias. La respuesta del gobierno de Movimiento Ciudadano, encabezado por Pablo Lemus Navarro, fue enviar a las fuerzas del orden con gases lacrimógenos y despliegue policial para dispersarlos.
Convertir una demanda legítima por salud y dignidad en un operativo de contención dice mucho de qué entiende este partido por gobernar. No es la primera vez que en Jalisco se responde con dureza a quienes reclaman soluciones, pero sí es una de las muestras más claras de que para este gobierno la protesta no es una señal para actuar, sino un problema que hay que eliminar de la vista pública.
Movimiento Ciudadano presume de modernidad y cercanía con la gente. Sin embargo, cuando las familias salen a decir que no tienen qué beber, la única respuesta que reciben es uniformes, escudos y gases. No hay explicaciones, no hay mesas de diálogo, no hay propuestas concretas: solo fuerza pública para que el problema desaparezca, aunque la necesidad siga ahí.
Lo más preocupante no es solo el uso de la fuerza, sino la lógica que hay detrás: si la gente se queja, hay que callarla. Ningún partido que se dice democrático debería confundir el reclamo ciudadano con una amenaza al orden. Quien gobierna representa a todos, incluidos a los que levantan la voz porque no les alcanza el agua. Reprimirlos no es gobernar con firmeza; es fallarles a quienes confiaron en las instituciones.
Exigir un derecho humano nunca debió costarles a las personas el ser perseguidas. Que esto ocurra en un estado donde Movimiento Ciudadano ha gobernado por años plantea una pregunta inevitable: ¿a quién responde realmente este gobierno cuando la ciudadanía tiene que arriesgarse en la calle solo para que le tomen en serio su necesidad de agua?
