* La medida busca proteger especialmente a grupos de atención prioritaria, como estudiantes, personas adultas mayores, mujeres embarazadas, niñas y niños
*San Raymundo Jalpan, Oax., a 03 de febrero de 2026.-* Para fortalecer las condiciones de seguridad y salud en el transporte público en la entidad, la presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), diputada Tania Caballero Navarro, presentó una Iniciativa de Reforma para prohibir el uso de cigarrillos electrónicos y vapeadores, así como la ingesta de bebidas alcohólicas y el consumo de sustancias psicotrópicas o estupefacientes en el transporte público.
Esta medida, subrayó, busca proteger especialmente a grupos de atención prioritaria, como estudiantes, personas adultas mayores, mujeres embarazadas, niñas y niños, quienes utilizan cotidianamente este servicio y tienen derecho a desplazarse en condiciones dignas, seguras y saludables.
En Sesión Ordinaria, la diputada local por el Distrito V, con cabecera en Asunción Nochixtlán, destacó que el transporte público constituye un espacio central de la vida diaria en la entidad, donde convergen personas de distintas edades y contextos, por lo que legislar en esta materia implica no solo regular la movilidad, sino atender aspectos fundamentales de orden, desarrollo y salud pública.
Precisó que la propuesta no tiene un enfoque punitivo o de criminalización, sino preventivo, al reconocer que estos dispositivos no son inofensivos y pueden afectar tanto a quienes los utilizan como a quienes se encuentran alrededor.
La legisladora resaltó que la propuesta es congruente con la reforma constitucional y con la Ley General de Salud, al reconocer el vapeo como un riesgo para la salud pública y aplicar el principio de precaución en la gestión de riesgos sanitarios, en beneficio del bienestar colectivo de las y los ciudadanos de Oaxaca.
El Proyecto de Decreto contempla reformar el Artículo 47 Ter de la Ley de Tránsito y Vialidad, así como las fracciones I y II del Artículo 216 de la Ley de Movilidad del Estado de Oaxaca, con el propósito de establecer con claridad las obligaciones de las y los usuarios del transporte público y otorgar certeza jurídica sobre las sanciones aplicables en caso de incumplimiento, conforme a la legislación vigente.
La Iniciativa fue turnada por la Mesa Directiva a la Comisión Permanente de Movilidad y Transporte para su estudio y dictamen.
