Carlos Alberto Moreno Alcántara
Con más dudas que expectativas, seguí la instalación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y debo decir que muchas de las afirmaciones del ministro Hugo Aguilar Ortiz, en su mensaje ante los titulares de los otros poderes del Estado y ante toda la Nación a través de las redes sociales, resultan por demás interesantes. Incluso, desde una visión tanto jurídica como política, considero que al nuevo presidente no debe dársele el beneficio de la duda, sino tomársele la palabra y exigir su cumplimiento, pues con mucha claridad señaló las líneas por donde debe transitar la Corte en esta nueva etapa.
Ante todo, su mensaje debe desterrar, de una vez y para siempre, cualquier discurso de descalificación, discriminación o señalamiento absurdo hacia la personalidad o prejuicios en torno al ministro Aguilar.
Quien coloque sobre la mesa las flores de la toga del ministro, o la entrega de un bastón de mando, o incluso si las puertas del edificio de la Corte permanecen cerradas o abiertas, me parece que desviará la atención de lo verdaderamente importante. A mi parecer, lo que debe ponderarse es la precisión de los conceptos que Aguilar Ortiz lanzó en un lenguaje claro y propio de su personalidad; un lenguaje que, por su sencillez, no debe calificarse de vacío, sino todo lo contrario.
Austeridad, legitimidad democrática, justicia real y verdadera, fin de privilegios: si bien pueden parecer líneas discursivas para justificar la reforma constitucional, se vuelven exigencias de congruencia. Sería muy lamentable que solo quedaran en palabras y que, en los hechos, lo único que cambiara fuera la condición económica de los nuevos titulares, como ya se ha visto en el Senado de la República y en la Cámara de Diputados. En boca de Hugo, el “fin de privilegios” es un compromiso que se convierte en exigencia.
En lo fundamental, respecto del papel de un tribunal constitucional como lo es la Corte, la afirmación de respetar la Constitución por encima incluso de la natural colaboración que debe haber entre poderes es un mensaje interesante. No confronta, pero tampoco se entrega de manera burda e innecesaria. Reafirmar la independencia y autonomía deja de ser simple formalismo demagógico y se convierte en un compromiso exigible. Sin embargo, esto solo podrá comprobarse cuando lleguen las resoluciones, que esperamos sean bajo la concepción del respeto y garantía de los derechos fundamentales. A ello se suma el énfasis añadido —propio de la visión del ministro— de considerar valores pluriculturales, humanistas y de respeto al medio ambiente (valores comunitarios indígenas). Si bien no necesariamente representa la línea de toda la Corte, sí constituye una esperanzadora posición jurídica de su presidente.
Convocar a la unidad a los integrantes del Poder Judicial y, al mismo tiempo, a la crítica y al diálogo a la academia y al foro jurídico en busca de un pacto de confianza, es lanzar un reto: aceptar el juego sin entreguismos, apostando a la sinceridad.
Construir juntos la fortaleza, legitimidad y autonomía del Poder Judicial no emanará de la voluntad del poder que debe ser limitado, sino de la exigencia del justiciable, de la academia y del foro.
Hay que reconocer el discurso republicano de Hugo Aguilar. No se le puede reprochar su cosmovisión pluricultural; por el contrario, es una ventana de oportunidad para los pueblos que, sin duda, tienen una alta expectativa que no debe defraudarse.
La duda seguirá presente mientras no veamos sesiones más allá del protocolo —que condujo con solvencia— y se materialicen en debates estrictamente jurídicos. Me llama la atención su mensaje de respeto a los tribunales internacionales. Veremos si se trata solo de palabras o de un verdadero acatamiento del marco convencional, en particular de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha declarado la inconvencionalidad de la prisión preventiva oficiosa, lo que obligaría a inaplicarla e incluso a impulsar su derogación constitucional.
El llamado a la unidad dentro del Poder Judicial solo podrá ser atendido si se respetan los derechos adquiridos y los criterios ya establecidos, sin pretender retroceder en los avances logrados en materia de derechos humanos y jurisprudencia.
La gran duda que me surge es si esta proyección responde únicamente a la convicción personal del presidente de la Suprema Corte y, en consecuencia, encontrará resistencias entre sus propios pares. Por el bien de la justicia y del Estado constitucional de derecho, esperemos que no suceda.
En fin, más allá de los simbolismos, escuchamos un buen discurso. Ahora toca esperar sentencias que lo respalden y no quedarnos solo con las palabras.
