* La propuesta incorpora los principios de interseccionalidad, interculturalidad y enfoque de derechos humanos
* Se establecen penas mayores cuando las víctimas pertenezcan a pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas
*San Raymundo Jalpan, Oax., a 23 de febrero de 2026.-* En Sesión Ordinaria, el diputado Zeferino García Jerónimo, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, presentó una Iniciativa de Reforma a la Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas, con el objetivo de fortalecer el marco jurídico local, ampliar la protección a grupos en situación de vulnerabilidad y armonizar las sanciones conforme a la Unidad de Medida y Actualización (UMA).
La propuesta plantea incorporar a los principios de interseccionalidad, interculturalidad y enfoque de derechos humanos, con el propósito de que la interpretación, aplicación y ejecución de acciones en materia de prevención, investigación, sanción y asistencia a víctimas se realicen bajo estándares que reconozcan las desigualdades estructurales y la diversidad cultural del estado.
Asimismo, se busca actualizar la referencia de “días” por Unidades de Medida y Actualización (UMA), en concordancia con el proceso de desindexación previsto en las leyes federales, generales y locales, para que un aumento en el salario mínimo no afecte el pago de estas obligaciones.
La iniciativa amplía las hipótesis de protección en diversos tipos penales, al incluir expresamente a personas que no tengan capacidad de comprender el significado del hecho o de resistir la conducta, así como a integrantes de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, mujeres embarazadas, personas adultas mayores y personas con discapacidad.
En su exposición de motivos, el legislador argumentó que la entidad no está exenta de este delito, el cual afecta de manera particular a grupos en situación de vulnerabilidad, los cuales generalmente enfrentan condiciones de marginación, pobreza y barreras lingüísticas.
Advirtió que factores como la migración, la desigualdad estructural y la corrupción facilitan la comisión de este delito, por lo que consideró indispensable blindar las instituciones, fortalecer la cooperación entre los tres niveles de gobierno y garantizar una atención integral a víctimas y denunciantes, evitando la revictimización y asegurando el interés superior de la niñez.
La iniciativa fue turnada para su estudio y dictamen a la Comisión Permanente de Administración y Procuración de Justicia.
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