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La caseta de peaje de la supercarretera Oaxaca-Cuacnopalan, ubicada en San Pablo Huitzo, se ha convertido en escenario de una extorsión disfrazada de protesta. Normalistas, ahora respaldados por porros de la UABJO, imponen una “cuota voluntaria” a los automovilistas, quienes no tienen más opción que pagar para continuar su camino. El dinero recaudado, junto con el robo de camiones de alimentos y bebidas, se destina a financiar un movimiento que ha perdido toda legitimidad frente a la sociedad.
La ciudadanía está harta. Cada día que se repite esta dinámica, crece la indignación y el sentimiento de abandono. Los oaxaqueños se preguntan: ¿a dónde va a parar el dinero?, ¿por qué se tolera que un grupo actúe como delincuencia organizada bajo el manto de la protesta social? La respuesta es clara: la autoridad permanece inmóvil, paralizada por el temor de ser acusada de represión. Tras la tragedia de Ayotzinapa, cualquier intento de aplicar la ley es utilizado como argumento para victimizarse, convirtiendo la impunidad en estrategia.
El resultado es devastador: un grupo que se victimiza para justificar sus abusos y un Estado que abdica de su responsabilidad de garantizar el orden y la legalidad. La confianza ciudadana se erosiona, la indignación se convierte en resignación y la protesta se transforma en negocio.
El hartazgo ciudadano es hoy el reflejo de un pueblo que exige justicia, pero que se topa con autoridades que han decidido no actuar.
