Jaqueline Robles
El gobierno municipal de Santo Domingo Tehuantepec, encabezado por Ana Cecilia Pérez Velásquez, se colocó en el ojo del huracán tras la difusión del polémico taller “Kit Forense en caso de desaparición”, que se lleve a cabo este viernes como parte de las actividades de conmemoración por el Día Internacional de la mujer 8M.
La iniciativa, presentada como un supuesto recurso para la protección de mujeres frente a la posibilidad de desaparecer, desató una ola de indignación entre la sociedad oaxaqueña, particularmente entre mujeres que denunciaron la frivolización de una tragedia que exige sensibilidad y rigor institucional.
La tormenta no tardó en cobrar su primera víctima: Keyla Karlet Calvo Vásquez, titular de la instancia municipal de la Juventud, quien fue separada del cargo en medio de acusaciones de plagio y difusión indebida del material.
El trabajo original pertenece a la investigadora Becky Ríos Alberto, quien no dudó en denunciar públicamente el uso no autorizado de su investigación.
“Yo no voy a estar en Oaxaca y tampoco autoricé este kit forense, ni trabajo para Morena”, subrayó con contundencia a través de un video que difundió desde sus redes sociales.
Al final el costo fue una funcionaria despedida, una comunidad agraviada y una investigadora plagiada. En suma, la muestra clara de la ignorancia e improvisación con la que trabaja, en este tema, el gobierno municipal de Tehuantepec irónicamente presidido por una mujer.
La investigación de Becky Ríos surgió como un esfuerzo académico y crítico para visibilizar las carencias institucionales en la atención a familias de desaparecidos.
Su propuesta, más que un manual, es un análisis sobre las prácticas forenses y la necesidad de protocolos claros, éticos y con respaldo científico.
El objetivo era abrir un debate sobre cómo las comunidades enfrentan la ausencia de respuestas oficiales, nunca convertirlo en un taller improvisado con tintes de espectáculo político.
El plagio y la difusión del taller no solo evidenciaron la falta de rigor del gobierno municipal, sino también la desconexión con las víctimas y colectivos que llevan años exigiendo justicia.
La indignación se multiplicó en redes sociales, donde el “kit forense” fue calificado como una burla institucional. El despido de Calvo Vásquez, aunque presentado como una medida correctiva, no logró apagar las críticas hacia la administración de Pérez Velásquez, que ahora carga con el descrédito de haber convertido una investigación seria en un escándalo público.
