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domingo, 01 febrero 2026 11:37
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La diputada Biaani Palomec Enríquez, del Partido del Trabajo, puso sobre la mesa una iniciativa que busca enfrentar uno de los temas más invisibilizados en la vida cotidiana: la vulnerabilidad de las personas adultas mayores frente a abusos económicos, patrimoniales y familiares.

La propuesta plantea incorporar un capítulo específico en el Código Familiar de Oaxaca para reconocer los derechos familiares de las personas mayores, con el objetivo de garantizar una vejez digna, autónoma y libre de violencia. Entre sus ejes centrales se encuentran:
– Regular los deberes de cuidado y apoyo dentro de las familias.
– Reconocer jurídicamente acuerdos de cuidado con compensaciones.
– Prevenir abusos económicos y patrimoniales.

Un problema que nace en casa
La exposición de motivos subraya que buena parte de los conflictos que enfrentan las personas mayores se gestan en el ámbito familiar: disputas por bienes, presiones para ceder patrimonio o tensiones en la organización de cuidados. La iniciativa busca dotar a familias y autoridades de herramientas legales para prevenir y resolver estos conflictos con perspectiva de edad y derechos humanos.

El peso demográfico
El Inegi estima que en Oaxaca viven más de 440 mil personas de 60 años o más, es decir, el 11.7% de la población. Para 2030, la cifra podría alcanzar el 15%. Este crecimiento demográfico hace impostergable un marco normativo que atienda las necesidades de quienes, pese a seguir participando en la vida comunitaria y económica, enfrentan condiciones de dependencia y fragilidad patrimonial.

Entre mandatos y realidades
La propuesta se sustenta en compromisos constitucionales y convencionales que obligan al Estado mexicano a proteger a los grupos en situación de vulnerabilidad. Sin embargo, más allá de los marcos legales, la iniciativa abre un debate incómodo: ¿qué tan dispuestas están las familias y las instituciones a reconocer la complejidad de la vejez y garantizar autonomía real a quienes la transitan?

La iniciativa fue turnada a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia para su análisis y dictamen.

 

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