CIUDAD DE MÉXICO – Tras meses de análisis técnicos y peritajes exhaustivos, la Fiscalía General de la República (FGR) presentó este miércoles las conclusiones definitivas sobre el descarrilamiento del Tren Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, ocurrido el pasado 28 de diciembre de 2025. El veredicto es claro: el siniestro se debió exclusivamente a negligencia operativa, descartando por completo fallas en la infraestructura o en el material rodante.
La cadena de errores humanos
Según el informe oficial, el factor determinante fue el exceso de velocidad. Los registros de la “caja negra” revelaron que el tren circulaba a 65 km/h al ingresar a una curva donde el límite de seguridad era de 50 km/h, y en tramos previos alcanzó picos de hasta 111 km/h, superando en 41 km/h el máximo permitido para esa zona.
La investigación acreditó responsabilidades directas en tres figuras: el maquinista, por conducir de manera imprudente; el conductor, por no supervisar adecuadamente la marcha; y el jefe de despacho, por omitir controles necesarios para evitar el exceso de velocidad. Todos ellos conocían los protocolos de seguridad, pero no los cumplieron, lo que generó una fuerza centrífuga que sacó al convoy de las vías, dado su peso de aproximadamente 400 toneladas y el radio de la curva.
Por estos hechos, la FGR ha ejercido acción penal por los delitos de homicidio y lesiones culposas, y los implicados ya han sido vinculados a proceso judicial. También se descartaron delitos relacionados con corrupción o uso indebido de funciones públicas tras revisar auditorías y contratos del proyecto.
Infraestructura en condiciones óptimas
Uno de los puntos más analizados fue el estado de las vías, pero las autoridades confirmaron que cumplían con todas las normas técnicas nacionales e internacionales. Los peritajes verificaron que rieles, durmientes, balasto y terraplenes se encontraban en perfecto estado, al igual que la locomotora y los vagones, que contaban con mantenimiento regular y sin fallas previas detectadas.
Indemnizaciones concluidas
En el ámbito civil, el proceso de reparación integral del daño ha finalizado. Un total de 145 personas afectadas —114 adultos y 31 menores— firmaron acuerdos reparatorios que incluyen compensaciones económicas, así como apoyos adicionales como acceso a vivienda, becas educativas y acompañamiento institucional. Estos acuerdos permitieron resolver el conflicto sin procesos judiciales prolongados y dan por cerrado este capítulo para las víctimas y sus familias.
Futuro del servicio: incertidumbre para pasajeros
Aunque la investigación judicial ha concluido, el servicio de pasajeros sigue suspendido por tiempo indefinido por parte de la Secretaría de Marina (SEMAR), encargada de la operación. Actualmente, solo se realiza transporte de carga, mientras se implementan nuevas medidas de seguridad y se revisan los programas de capacitación del personal.
Además, el gobierno ha anunciado que solicitará una certificación internacional de seguridad para validar que la infraestructura y los procedimientos cumplan con estándares globales, como condición indispensable para reanudar el transporte de personas.
