San Juan Quiahije, Oaxaca, 22 de octubre de 2026.‑ Los familiares de Zenaida Vázquez Vázquez y Rafael Mendoza García presentaron una denuncia pública para solicitar la intervención inmediata de las autoridades estatales de Oaxaca, ante lo que califican como una resolución irregular por parte del gobierno municipal de San Juan Quiahije.
Según el relato de los parientes, los hechos comenzaron la noche del 18 de octubre, cuando tres sujetos -entre ellos Juan Guadalupe Apolonio, conocido como Maximino Canseco Apolonio- llegaron a la vivienda de la pareja, golpearon el portón, lanzaron amenazas de muerte y habrían llevado armas de fuego. Ante el ataque, Rafael Mendoza salió en defensa propia con un arma de balines, según la versión de la familia.
Los familiares señalan que, al llegar las corporaciones locales, las autoridades no dieron prioridad a la investigación del presunto ataque, sino que detuvieron tanto a Rafael Mendoza como a Zenaida Vázquez, quien cursa un embarazo de 28 semanas. Ambos fueron trasladados a celdas municipales sin condiciones básicas de higiene ni protección contra el frío. Posteriormente, en una audiencia ante el presidente municipal, el síndico y otras autoridades locales, se dictaron sanciones que incluyen el pago de multas por 105 000 pesos, el desalojo de la vivienda construida por Zenaida en terreno heredado de su abuelo y la entrega de las llaves al ayuntamiento.
Los denunciantes advierten que las autoridades municipales habrían basado su fallo exclusivamente en usos y costumbres comunitarias, sin tomar en cuenta que estos no pueden estar por encima de los derechos humanos y el marco jurídico vigente. Aseguran que el ayuntamiento omitió revisar los antecedentes de Maximino Canseco Apolonio -quien, según el relato, fue deportado de Estados Unidos por registros delictivos- y mantiene retenido a Rafael Mendoza, a pesar de contar con un amparo judicial.
“Los usos y costumbres son parte de nuestra identidad, pero nunca pueden servir para vulnerar derechos fundamentales”, indicaron los familiares. Piden a la Fiscalía General del Estado y a la Comisión Estatal de Derechos Humanos revisar el caso, ordenar la liberación inmediata de Rafael Mendoza García e iniciar investigaciones tanto por el presunto ataque armado como por las presuntas irregularidades en la actuación de las autoridades municipales.
Hasta el momento, el gobierno municipal de San Juan Quiahije no ha emitido una postura oficial sobre la denuncia presentada por los familiares.
