Redacción DID_Oaxaca
Cuando el Gobernador del Estado, en este caso Salomón Jara Cruz, anuncia que solicitará la desaparición de un Ayuntamiento, suele generarse la duda entre los ciudadanos: ¿se queda el municipio de inmediato sin autoridades? La respuesta es no.
El Gobernador tiene la facultad de proponerlo, pero únicamente el H. Congreso del Estado de Oaxaca puede aprobarlo. La Desaparición de Ayuntamiento aplica cuando un municipio enfrenta una crisis grave de gobernabilidad o violencia.
A continuación, te explicamos en 5 pasos sencillos cómo funciona el proceso legal tras el anuncio:
El camino en el Congreso paso a paso
1. La petición llega a la Cámara de Diputados: La solicitud del Ejecutivo ingresa al Congreso Local y se turna a la Comisión de Gobierno y Asuntos Agrarios para ser analizada.
2. El Ayuntamiento tiene derecho a defenderse: La ley obliga a notificar a los integrantes del Cabildo (presidente, síndicos y regidores). Se les otorga un plazo para presentar pruebas, alegatos y defender su postura antes de tomar una decisión.
3. Se dictamina la crisis: Los diputados de la comisión evalúan las pruebas para confirmar si realmente hay ingobernabilidad, violencia grave o una renuncia masiva de concejales que impida trabajar al municipio.
4. Votación en el Pleno (2/3 de los votos): Para aprobar la desaparición de un Ayuntamiento, se requiere una mayoría calificada: el voto a favor de al menos dos terceras partes de los diputados del Congreso.
5. Llega un gobierno transitorio: Si se aprueba la desaparición de inmediato el Ejecutivo nombra un Encargado de la Administración Municipal (por un plazo de hasta 90 días) para que los trámites, trámites de la policía y servicios de basura o agua no se detengan.
Posteriormente: El Congreso designa un Consejo Municipal de ciudadanos para terminar el periodo o convoca a elecciones extraordinarias.
En conclusión
Aunque el anuncio del Gobernador representa un mensaje político firme, la destitución de un gobierno municipal electo no ocurre por un decreto directo. Requiere cumplir con un procedimiento legislativo para garantizar la legalidad, el derecho a la defensa y la continuidad de los servicios públicos para la ciudadanía.
