OAXACA, Oax. — Con el objetivo de atender de manera eficaz los conflictos disputados por la tierra en la entidad sin invadir la jurisdicción federal, la diputada local y coordinadora del Grupo Plural en el Congreso del Estado, Antonia Natividad Díaz Jiménez, presentó una iniciativa de ley para reestructurar y dinamizar el funcionamiento de la Junta de Conciliación Agraria del Estado.
Durante la sesión del Congreso local, la legisladora detalló que la propuesta no busca crear nuevas estructuras burocráticas, sino dotar de herramientas legales, plazos definidos y profesionalización al organismo existente para reducir la violencia y el rezago en las comunidades.
La iniciativa se sustenta en cinco ejes fundamentales:
- Clasificación del riesgo: Formaliza la categorización de los conflictos en riesgo alto, mediano y bajo, priorizando la atención en las zonas donde la paz social se encuentra amenazada.
- Metas y plazos de gestión: Establece tiempos definidos para la resolución de expedientes a fin de combatir el rezago institucional.
- Coordinación interinstitucional: Integra legalmente la colaboración con instancias federales como la Procuraduría Agraria, el Registro Agrario Nacional (RAN), la SEDATU, los Tribunales Unitarios Agrarios y la Secretaría de Interculturalidad estatal.
- Profesionalización de conciliadores: Exige que el personal mediador cuente con formación jurídica, capacitación en resolución de conflictos, perspectiva de género y dominio de los sistemas normativos internos de los pueblos indígenas y afromexicanos.
- Modernización y transparencia: Actualiza el marco normativo sustituyendo salarios mínimos por la Unidad de Medida y Actualización (UMA) e incorpora herramientas digitales para la gestión e inspección de trámites.
Al fundamentar el proyecto, Naty Díaz refirió que, al inicio de la actual administración estatal, la Junta de Conciliación Agraria mantenía el registro de 292 controversias activas, de las cuales 23 están catalogadas como de alto riesgo, 51 de mediano y 218 de bajo riesgo. Aunque reconoció que se han logrado conciliar 56 casos, subrayó que la magnitud del problema exige ajustes normativos urgentes.
“Esta iniciativa atiende un problema real que le cuesta la paz y la tranquilidad a miles de familias oaxaqueñas”, afirmó la congresista, tras recordar que el estado cuenta con 1,588 núcleos agrarios (853 ejidos y 735 comunidades).
Finalmente, Díaz Jiménez aclaró que la propuesta respeta las facultades de la Federación y se ejerce estrictamente dentro de la competencia estatal para organizar y hacer eficiente la función conciliadora local.
