Redacción
En tiempos donde la velocidad de las redes sociales parece imponerse sobre la veracidad, la desinformación se ha convertido en una herramienta peligrosa que no construye opinión pública, sino que alimenta rumores, manipulación y percepciones equivocadas.
En días recientes ha circulado información sobre los supuestos ingresos de las y los diputados que integran el Poder Legislativo en la entidad. El cálculo difundido en algunos espacios parte de una fórmula simplista: dividir el presupuesto total del Congreso entre el número de legisladores. El resultado, aunque llamativo para generar indignación inmediata, dista mucho de reflejar la realidad del funcionamiento de una institución pública.
El presupuesto de un Congreso no está diseñado para ser repartido como salario entre diputadas y diputados. Ese recurso sostiene una estructura administrativa completa: trabajadores, funcionarios y servidores públicos que hacen posible la operación legislativa; además de cubrir gastos de mantenimiento de edificios, bienes muebles e inmuebles, sistemas tecnológicos y múltiples herramientas necesarias para cumplir con las funciones que la ley establece.
Cuando estos elementos se omiten deliberadamente, el resultado no es información, sino distorsión. Sin análisis serio, sin contexto y sin conocimiento del funcionamiento institucional, lo único que se produce son notas engañosas que alteran la percepción pública.
Este tipo de narrativas no suele ser inocente. En muchos casos responde a intereses políticos o económicos que buscan presionar o desacreditar instituciones a partir de datos incompletos o interpretaciones sesgadas. Pero en ese proceso, quien termina perdiendo es la sociedad, que recibe versiones simplificadas de asuntos complejos.
El debate sobre la reducción de presupuestos en los congresos locales del país es legítimo y necesario. Sin embargo, requiere estudios responsables, diagnósticos claros y propuestas inteligentes que permitan mejorar la eficiencia del gasto público sin comprometer el funcionamiento democrático de las instituciones.
Convertir ese debate en un escándalo mediático basado en cifras descontextualizadas puede generar “likes”, pero difícilmente aporta soluciones.
Porque informar implica explicar, contextualizar y contrastar datos.
Engañar, en cambio, solo requiere una cifra fuera de lugar.
